La falta de una propuesta técnica obliga a la ciudad a prepararse para un esquema de libre competencia en 2026
Bogotá se acerca a un punto crítico en la gestión de sus residuos. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán aún no ha presentado un modelo sólido, integral y técnicamente soportado para reemplazar el actual esquema de basuras, lo que deja a la ciudad encaminada hacia un sistema de libre competencia en la prestación del servicio de aseo.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ya ha rechazado en dos oportunidades las propuestas de la Alcaldía por falta de rigor técnico. A esto se suma un reciente llamado de la Procuraduría General, que exhortó a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la UAESP a construir, con urgencia, una hoja de ruta que oriente la transición hacia un nuevo modelo.
El próximo 11 de febrero de 2026 termina el contrato de concesión que rige actualmente. A partir de esa fecha entraría en operación un sistema donde diferentes empresas competirán por la prestación del servicio de aseo. Aunque la libre competencia suele asociarse con mejoras en eficiencia y calidad, expertos advierten que podría generar desigualdades en cobertura si las compañías priorizan zonas más rentables y relegan sectores periféricos o de difícil acceso.
En paralelo, la CRA impulsa una actualización del marco tarifario para acueducto, alcantarillado y aseo, una reforma que el país necesita con urgencia. Colombia apenas aprovecha el 7 % de sus residuos; el sector mueve más de 3,5 billones de pesos al año con tecnologías atrasadas; y Bogotá —responsable del 58 % de la basura urbana del país— continúa operando bajo un modelo poco innovador y sin garantías suficientes para los recicladores.
La nueva regulación apunta a cerrar esa brecha mediante incentivos reales para la economía circular, pagos justos a los recicladores, reconocimiento de procesos como compostaje, biodigestión y captura de biogás, además de mecanismos para recuperar recursos no ejecutados. En conjunto, se busca un servicio más moderno, sostenible y transparente.
Si bien existen preocupaciones de gremios y autoridades locales, estas deben ser atendidas sin desvirtuar el objetivo central de la reforma: transformar un sistema que hoy es ineficiente, proteger a quienes trabajan en él, promover tecnologías limpias y garantizar tarifas basadas en costos reales. En este contexto, Bogotá no puede llegar a 2026 con improvisaciones ni con una visión limitada por intereses particulares. La modernización del servicio de aseo es una necesidad ambiental, social y sanitaria de primer orden y será una prueba clave para el futuro de la ciudad.
Foto: Publimetro
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