
El organismo de control advierte sobre un déficit de más de mil quinientos trabajadores en la primera línea del proyecto y analiza si los salarios ofrecidos explican la alta rotación de personal local.
La Contraloría General de la República puso en duda los argumentos presentados por el concesionario encargado de la construcción del Metro de Bogotá para justificar la vinculación de trabajadores extranjeros. Según las advertencias del ente de control, de los mil quinientos veinticuatro operarios que faltan en los frentes de obra, cerca de mil corresponden a perfiles de mano de obra no calificada, lo que ha encendido las alarmas institucionales sobre la planeación del proyecto.
Durante una mesa técnica desarrollada el pasado once de noviembre de 2026, el representante legal del consorcio expuso dificultades para retener y conseguir personal suficiente en áreas de construcción, redes, electricidad y mantenimiento. No obstante, las inspecciones adelantadas en las inmediaciones de los trabajos permitieron recopilar testimonios ciudadanos que apuntan a que las remuneraciones ofrecidas no resultan atractivas para los operarios locales, generando una constante rotación.
Ante este panorama, la entidad fiscalizadora alertó que traer personal desde el país asiático implicaría un costo estimado en diez millones de dólares, un rubro cuyos detalles logísticos y financieros aún no han sido esclarecidos del todo por los responsables. Si bien la supervisión distrital sostiene que este gasto corresponde de manera exclusiva al presupuesto privado del constructor, la Contraloría recordó que los pagos del contrato provienen de recursos públicos a través del esquema de retribución.
En el marco del seguimiento preventivo ordenado por la Contraloría, se indicó que los frentes correspondientes al espacio público, los componentes viales y los edificios de acceso presentan mayores retrasos frente al avance de los talleres y el material rodante. Las autoridades reiteraron su preocupación por el cumplimiento del cronograma, que proyecta la entrega de la infraestructura para el segundo semestre de 2027 y el inicio de la operación comercial en marzo de 2028.
Para mitigar los riesgos sobre el erario y garantizar el respeto a los plazos previstos, el organismo anunció la emisión de informes mensuales de evaluación sobre el estado de la obra. Asimismo, pedirá la participación de la delegada para el sector Trabajo con el fin de revisar a fondo las condiciones laborales de los operarios vinculados al megaproyecto de movilidad.
Por: Daniel Martín
Foto: AFP
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