El Colegio Colombiano de Juristas cuestiona sentencia contra Álvaro Uribe

4 de Agosto de 2025

La organización critica aspectos clave del proceso judicial por presuntas vulneraciones a derechos fundamentales y deficiencias en la estructura del fallo.

El Colegio Colombiano de Juristas expresó profundas preocupaciones frente a la reciente sentencia que impone 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno de testigos y fraude procesal. Según el organismo, el fallo presenta deficiencias que podrían comprometer garantías esenciales dentro del proceso judicial.

Uno de los puntos críticos señalados por el Colegio es la posible violación al principio de confidencialidad entre abogado y cliente, situación que consideran grave dentro del marco de una defensa técnica. Asimismo, cuestionan la falta de claridad en una sentencia que supera las mil páginas y cuya estructura compleja dificulta el acceso real a la justicia.

La organización también resaltó la importancia de preservar derechos como la imparcialidad del juez, la publicidad de las actuaciones, el respeto a las pruebas solicitadas por la defensa, y la proporcionalidad de las sanciones. Estos elementos, según advierten, son esenciales para garantizar un proceso justo y transparente.

Los juristas recordaron que la Fiscalía General había advertido sobre interceptaciones que vulnerarían el secreto profesional y el derecho a la intimidad del acusado, lo que afectaría el debido proceso. En su comunicado, insisten en que estas prácticas pueden poner en entredicho la legitimidad de la sentencia.

Además, señalaron que una sentencia excesivamente extensa y de difícil comprensión atenta contra los principios de claridad y coherencia, aspectos que son parte integral del debido proceso y que permiten a las partes ejercer plenamente sus derechos legales.

Por otro lado, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a respetar a los jueces, particularmente a la magistrada Sandra Heredia, encargada del fallo. Marín advirtió que las campañas de desprestigio y los señalamientos en contra de los operadores judiciales minan la independencia judicial y pueden incentivar agresiones, como ha ocurrido en otras ocasiones.

⇒Foto: Juan Pino / Publimetro