El alcalde de Bogotá señaló que el proceso judicial de desalojo está en curso, aunque insiste en ofrecer soluciones seguras y dignas para los más de 300 indígenas asentados en el lugar.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la situación de la comunidad Emberá que permanece en la UPI La Rioja, luego de que el IDIPRON solicitara su desalojo inmediato. El mandatario reconoció que las cerca de 300 personas que habitan el lugar enfrentan riesgos significativos, pero afirmó que la decisión debe ejecutarse con responsabilidad y dentro del marco legal.
Galán explicó que el proceso obedece a una orden judicial y que, aunque se trata de una medida obligatoria, debe cumplirse por etapas. “No ha habido una respuesta positiva. Lo que comienza ahora es un proceso que por ley debemos acatar. Es una orden de un juez de tutela que da inicio al desalojo, pero tiene diferentes fases; no empieza de inmediato. Aun así, debemos notificar y proceder, garantizando los derechos de esta población”, afirmó el alcalde.
El mandatario agregó que su administración está trabajando en alternativas seguras de reubicación, con el fin de proteger la integridad de las familias Emberá. “Tenemos la oferta de arrendamiento individual para que puedan trasladarse. Pero el riesgo en La Rioja es alto, y debemos velar por su protección. Permanecer allí pone en peligro a estas familias”, señaló Galán.
Las autoridades locales han advertido que la infraestructura del inmueble presenta fallas estructurales, eléctricas y sanitarias, lo que incrementa el peligro para quienes permanecen en el sitio. Por ello, el Distrito busca adelantar el desalojo en el menor tiempo posible, sin afectar la seguridad ni la dignidad de los indígenas.
El alcalde también recalcó que el proceso será acompañado por las entidades competentes para asegurar una transición ordenada y humanitaria, ofreciendo apoyo social y logístico durante el traslado.
Aunque la comunidad Emberá no ha aceptado de manera unánime las propuestas del Distrito, Galán reiteró que el diálogo y la concertación seguirán siendo la vía prioritaria. “Nuestra meta no es expulsarlos, sino garantizarles condiciones de vida adecuadas y seguras”, concluyó el mandatario.
Foto: Carlos Fernando Galán. EFE/ Carlos Ortega
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