
Ciudadanos y concejales cuestionan irregularidades en el servicio de grúas y patios, mientras el caos vial y el afán recaudatorio siembran desconfianza en la gestión de la movilidad.
La movilidad en Bogotá atraviesa una crisis que va más allá de los frecuentes trancones. Con más de 1.200 frentes de obra activos en la ciudad, los tiempos de desplazamiento han alcanzado niveles alarmantes, superando en muchos casos las dos horas diarias. Sin embargo, no solo la infraestructura en construcción complica la circulación; también lo hacen comportamientos imprudentes como el parqueo indebido, que agrava aún más el panorama vial.
Para enfrentar este problema, el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó a la Secretaría de Movilidad intensificar los operativos en las calles. Aunque la intención es mejorar el flujo vehicular y recuperar el orden, recientes denuncias han puesto en duda la legalidad y transparencia de estos controles, en especial los relacionados con el servicio de grúas y patios.
El concejal Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, publicó en sus redes sociales una serie de denuncias sobre supuestas irregularidades en el sistema de grúas. Señaló casos de vehículos de remolque con alteraciones estructurales, placas ocultas, operadores sin licencias vigentes y el uso de grúas tipo gancho para motos, lo cual va en contra de la normativa vigente.
Forero aseguró haber enviado esta información a diversas entidades, como la Secretaría de Movilidad, la Personería, la Superintendencia de Transporte y el Ministerio del ramo. A pesar de ello, hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta oficial, lo que ha incrementado la preocupación por una posible red de omisión institucional que protege estos procedimientos cuestionados.
Según datos revelados por el concejal, entre junio y diciembre de 2024, el sistema de patios y grúas recaudó más de 20.000 millones de pesos. De esta suma, el 83 % fue destinado al contratista privado encargado del servicio, mientras que solo el 17 % —unos 3.600 millones— fue para la Secretaría de Movilidad. Esta distribución ha levantado dudas sobre si el verdadero interés detrás de los operativos es mejorar la movilidad o generar ingresos.
Para muchos ciudadanos, los operativos se han convertido en una fuente de injusticias. Conductores afectados denuncian procedimientos arbitrarios, cobros excesivos y maniobras que ponen en riesgo la seguridad. Ante la falta de respuestas institucionales, crece la sensación de que el caos en la movilidad no solo es consecuencia del tráfico, sino también de un sistema que pocos controlan y muchos padecen.
Escrito por: Daniel Martín
⇒Foto: Alcaldía de Bogotá
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