Habitantes de La Calera exigen suspender concesión de agua a Coca-Cola

10 de Octubre de 2025

Comunidades y líderes ambientales denuncian afectaciones al suministro de agua y presuntos daños ambientales por parte de la multinacional INDEGA, filial de Coca-Cola.

En la mañana de este miércoles 8 de octubre, decenas de habitantes de La Calera y líderes ambientales se concentraron frente a la sede de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para exigir la suspensión inmediata de la concesión de agua otorgada a la Industria Nacional de Gaseosas (INDEGA), empresa vinculada a Coca-Cola. Los manifestantes aseguran que la operación de la multinacional ha generado impactos negativos en el acceso al recurso hídrico del municipio.

Los pobladores argumentan que, a pesar de contar con fuentes naturales abundantes, padecen constantes problemas de abastecimiento. “Nosotros teniendo un lago que produce el agua para abastecernos, es el colmo que por una concesión privada internacional estemos sufriendo la falta del servicio de acueducto”, expresó uno de los asistentes a la manifestación, reflejando el malestar generalizado.

La controversia llega luego de que la Procuraduría General de la Nación enviara un documento a la CAR, solicitándole realizar estudios hidrogeológicos propios y rigurosos antes de renovar o mantener la concesión de agua a la compañía. El ente de control pidió verificar las posibles afectaciones ambientales y sociales antes de tomar una decisión definitiva.

Desde 1984, INDEGA mantiene esta concesión hídrica en La Calera, la cual se ha renovado cada diez años. No obstante, en las últimas semanas circularon imágenes que evidenciarían el presunto taponamiento de manantiales con cemento, hecho que generó indignación entre los residentes y grupos ambientalistas, al considerar que dichas acciones afectan los ecosistemas locales y ponen en riesgo el suministro de agua potable.

Por su parte, la empresa Coca-Cola ha negado cualquier responsabilidad en la crisis de agua que enfrenta el municipio, asegurando que no tiene incidencia directa en el acueducto local ni representa peligro alguno para el abastecimiento de Bogotá. Sin embargo, los líderes comunitarios sostienen que la empresa no ha cumplido con obras de compensación ambiental o social y que la explotación de los recursos ha sido “injusta y desproporcionada” durante más de dos décadas.

Finalmente, la CAR anunció que evaluará las observaciones hechas por la Procuraduría y que continuará analizando el caso antes de emitir una resolución definitiva sobre la continuidad o suspensión de la concesión. La comunidad, entretanto, advirtió que seguirá manifestándose hasta obtener una respuesta concreta que garantice el acceso equitativo al agua.

Foto: Caracol Radio