Solo se ha instalado el 25 % de los dispositivos y se detectaron fallas en la planeación, ejecución y supervisión del proyecto.
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios aún no identificados de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Esto se debe a posibles irregularidades en el contrato SCJ-1904-2023, destinado a la instalación de cámaras de videovigilancia tipo LPR en la ciudad, con un valor superior a los 14.000 millones de pesos.
Según el ente de control, hasta el momento se ha instalado solo el 25 % de las 200 cámaras previstas. El avance físico del proyecto es de apenas el 68,5 %, y la ejecución presupuestal alcanza el 50 %, lo que evidencia un rezago significativo entre lo contratado y lo efectivamente implementado.
La Procuraduría destacó además que el contrato presenta serias deficiencias en su planeación, ejecución y supervisión. Estas inconsistencias generan preocupación sobre el manejo de los recursos públicos y podrían derivar en pérdidas económicas para el Distrito.
Entre los elementos que motivaron la investigación están tres prórrogas y tres suspensiones sin respaldo presupuestal, fallas técnicas no previstas, y conflictos contractuales que superan los 2.000 millones de pesos. A esto se suma el cambio de interventoría por una supervisión interna sin el soporte técnico adecuado.
La entidad también cuestiona que las inconsistencias en la ejecución no hayan sido atendidas oportunamente por los responsables del contrato, lo cual agrava la situación y podría derivar en sanciones disciplinarias si se comprueba negligencia o responsabilidad administrativa.
Por ahora, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si hubo faltas disciplinarias. El órgano reafirmó su compromiso con el control preventivo y con garantizar el uso transparente de los recursos públicos destinados a la seguridad de los ciudadanos.
⇒Foto: Procuraduría General de la Nación
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