
Expertos advierten que la iniciativa del presidente electo Abelardo de la Espriella no puede implementarse por decreto, ya que la Constitución establece a Bogotá como la única capital de la República.
La propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de convertir a Barranquilla en una capital alterna de Colombia abrió un amplio debate sobre su viabilidad jurídica y administrativa. El mandatario aseguró que la ciudad será una sede alterna de su Gobierno y anunció que promoverá una iniciativa para que, junto con Bogotá, sea reconocida constitucionalmente como uno de los principales centros administrativos del país.
De la Espriella argumentó que durante décadas las decisiones del Estado se han concentrado en Bogotá, dejando de lado las necesidades de las regiones. Según explicó, la propuesta busca acercar el Gobierno a diferentes territorios y fortalecer un modelo de mayor descentralización en la toma de decisiones.
No obstante, expertos señalan que la iniciativa enfrenta importantes desafíos legales. Ómar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, explicó que la Constitución Política establece de manera expresa que Bogotá es la capital de la República y el lugar donde se concentran el poder ejecutivo, las altas cortes, las embajadas y otras instituciones fundamentales del Estado.
De acuerdo con el analista, para que Barranquilla obtenga el reconocimiento de capital alterna sería indispensable tramitar una reforma constitucional, ya que la medida no podría adoptarse únicamente mediante una decisión del Gobierno Nacional o un acto administrativo del presidente.
Oróstegui también indicó que aún no existe claridad sobre el alcance real de la propuesta. Entre los principales interrogantes se encuentran las funciones que asumiría Barranquilla, las entidades que eventualmente se trasladarían a la ciudad y el impacto que tendría la iniciativa sobre el funcionamiento de la administración pública.
Mientras avanza la discusión, expertos consideran que será necesario definir si la propuesta implica una verdadera redistribución de las funciones del Estado o si se trata principalmente de una estrategia con un fuerte componente simbólico para promover la descentralización y fortalecer la presencia institucional en las regiones del país.
Por: Daniel Martín
Foto: AFP
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