La iniciativa pretende igualar las condiciones entre taxistas y conductores de plataformas digitales, creando un fondo de compensación para mitigar el impacto económico en el gremio tradicional.
El sector del transporte público en Bogotá vive un momento de tensión con el avance del proyecto de ley 136 de 2024, que plantea una regulación para los conductores que trabajan a través de plataformas digitales como Uber, DiDi, Cabify o Indrive. La propuesta busca establecer reglas claras en materia de seguros, licencias y requisitos, con el objetivo de nivelar la competencia frente a los taxistas tradicionales.
El senador Julio Elías Vidal, autor principal de la iniciativa, explicó que este proyecto responde a una necesidad que ha sido discutida durante años en el Congreso. De hecho, recordó que ya se habían presentado 18 proyectos similares sin éxito, y resaltó que este es el primero en avanzar hasta un segundo debate. Según indicó, no se trata de “legalizar lo ilegal”, sino de dar un marco jurídico a una realidad tecnológica que ya forma parte del día a día de los ciudadanos.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la eliminación del sistema de cupos para taxis, un mecanismo que, aunque oficial y gratuito, ha derivado en prácticas ilegales de especulación y venta entre particulares. Muchos conductores han invertido altas sumas de dinero en la adquisición de estos cupos, lo que ha generado preocupación e inconformidad ante la posibilidad de que desaparezcan como valor económico.
El senador Vidal defendió que los cupos nunca debieron concebirse como una propiedad privada, y señaló que la capacidad transportadora debe regularse de otra manera. El proyecto contempla, además, la creación de un fondo de compensación que se financiaría con un 1 % de los ingresos generados por las plataformas digitales. Estos recursos se destinarían a modernizar la flota de taxis con tecnologías más limpias, como vehículos híbridos o eléctricos, y a mejorar la infraestructura vial y de carga.
Las protestas del gremio no se han hecho esperar. Más de 500 taxistas se movilizaron en la capital para rechazar la iniciativa y exigir garantías para quienes ya habían adquirido cupos. Sin embargo, otros representantes del sector ven en la propuesta una oportunidad para modernizar el servicio, adaptarse a la competencia y lograr una integración tecnológica que beneficie a usuarios y conductores.
El debate continúa abierto en el Congreso y en las calles, donde se enfrentan posturas entre quienes defienden los derechos adquiridos y quienes apuestan por la regulación y la modernización. La discusión refleja un cambio profundo en la movilidad de Bogotá, en el que tradición y tecnología deben encontrar un equilibrio para garantizar un servicio de transporte justo, seguro y sostenible.
⇒Foto: Colprensa / Alerta Bogotá
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