La sanción fue realizada por la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación emitió una orden donde se destituye e inhabilita al alcalde de Taminango, según el informe Miller Urbano adquirió un predio por $331 millones para la construcción de la estación de Policía, pero no tuvo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio; debido a esto la entidad lo sancionó por 10 años, esto habría ocurrido en su primera administración en el periodo 2012 – 2015. La Procuraduría comprobó que el mandatario participio en la etapa precontractual y contractual en detrimento del patrimonio público y actuó con desconocimiento de los principios de contratación estatal, sin embargo, el predio a pesar de haber sido pagado en su totalidad no se le ha dado uso, lo que causo también incumplimiento en los planes de contratación.
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