La Procuraduría ha alertado a 39 municipios en Nariño debido a la ausencia de medidas contra los incendios forestales

13 de Marzo de 2024

Desde la procuraduría advierten sobre la falta de medidas, esto para la gestión integral del riesgo contra incendios temporada 2024.

Ante la llegada de una temporada de lluvias más escasas debido al fenómeno de El Niño, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las 39 alcaldías de Nariño que aún no han tomado medidas de gestión integral del riesgo contra incendios para el año 2024. Se les instó a suscribir el convenio correspondiente con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
 
En esta solicitud preventiva, la entidad requirió a las alcaldías del departamento información sobre las acciones adoptadas para hacer frente a las condiciones climáticas de esta época, que suelen propiciar la ocurrencia de incendios forestales y el aumento de las emergencias.
 
Tras realizar este requerimiento, la Procuraduría encontró que hasta el 15 de febrero de 2024, solo 21 de los 60 organismos de socorro activos en Nariño han asignado recursos para la gestión del riesgo contra incendios. A pesar de estos esfuerzos, la Procuraduría advirtió que los fondos destinados para cubrir cualquier eventualidad no son suficientes. Municipios como Buesaco, Chachaguí, Córdoba, Cuaspud, Cumbitara y El Tambo asignaron alrededor de $30’000.000, mientras que los otros 15 municipios reservaron cantidades inferiores que difícilmente serían adecuadas para atender posibles emergencias.
 
En cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia de gestión del riesgo de desastres, el Ministerio Público enfatizó en sus comunicaciones que las administraciones municipales, encabezadas por los alcaldes, deben enviar información detallada sobre las medidas tomadas para afrontar cualquier eventualidad y fortalecer sus cuerpos de socorro.
 
Asimismo, se recordó que esta actuación de la Procuraduría no implica coadministración ni interferencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales ni de los particulares que ejercen funciones públicas.

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Escrito por: Daniel Martín

⇒Foto: Procuraduría General de la Nación