Organismos del ámbito nacional y departamental se han unido con el propósito de mejorar la asistencia a las víctimas en el departamento de Nariño
20 de Marzo de 2024
Con el propósito de apoyar a las entidades en la planificación, ejecución y seguimiento de la implementación de la Política Pública de Víctimas (Ley 1448), se llevaron a cabo sesiones de asistencia técnica diferenciada en 11 alcaldías del departamento de Nariño.
Durante estos encuentros, se utilizó el Modelo de Intervención Territorial Integral (Miti), una herramienta estadística que identifica las necesidades de los municipios en términos de atención humanitaria, reparación y oferta. Esto se logra mediante el análisis de datos provenientes de más de 46 fuentes de información, incluyendo entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y otros sectores.
Carlos Guerrero, profesional de la Unidad para las Víctimas en Nariño, destacó la importancia de esta asistencia técnica diferenciada, especialmente para los municipios de la costa pacífica del departamento. Durante tres días, funcionarios de las alcaldías y coordinadores de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas recibieron capacitación sobre diversos temas, como la implementación de la ley 1448, los planes de contingencia, prevención, retornos y reubicaciones, reparación colectiva, y los comités de justicia.
El enlace de víctimas del municipio de La Tola, Ronal Torres, resaltó la relevancia de esta capacitación para integrar la política pública de víctimas en los planes de desarrollo municipales, lo cual fortalece la atención a las víctimas y su inclusión en la agenda local.
Estas acciones buscan cumplir con el restablecimiento de derechos y avanzar hacia la reconciliación, conforme al Acuerdo de Paz. Se promueve la articulación institucional para fortalecer los procesos de planeación y atención a las víctimas en los territorios.
La directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Estéfany Checa, expresó la esperanza de que estas iniciativas permitan que las entidades territoriales se apropien de la política pública y entreguen resultados efectivos a la población afectada por el conflicto armado en Nariño.
Las alcaldías de El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Ricaurte, Barbacoas, Magüí Payán, Olaya Herrera, Roberto Payán, Santa Bárbara de Iscuandé y Tumaco participaron en estas jornadas y aclararon dudas sobre los procesos llevados a cabo por las entidades en los territorios y sus obligaciones con las comunidades.
Mercedes Erazo, secretaria de gobierno de El Charco, y Jhon Romo, funcionario de la secretaría de paz y derechos humanos de la Gobernación de Nariño, destacaron la importancia de estos procesos para fortalecer la implementación de la política pública de víctimas en el departamento y coordinar acciones estratégicas para atender las necesidades de la población afectada.
Según Erazo, de las 16 grúas encargadas de recoger motos en la ciudad, 11 tienen deudas que superan los $40 millones en multas. Esto ha sido denunciado como una vergüenza, especialmente considerando que se espera que las autoridades den el ejemplo en cuanto al cumplimiento de obligaciones.
La concejal resaltó que una sola grúa adeuda alrededor de $30 millones, y varias de estas están en proceso coactivo. Además, incluso se mencionó que una moto carguero también tiene obligaciones pendientes.
Es importante recordar que el proceso de las grúas no es manejado directamente por la Secretaría de Movilidad de Cali, sino que está a cargo del Cdav, que tiene un contrato interadministrativo con la Alcaldía.
Erazo cuestionó cómo el Cdav puede recibir el 75 % de los ingresos por el servicio de grúa y contratar a una empresa que, además de tener una deuda considerable en multas, se dedica a diversas actividades como construcción e interventoría, pero no al servicio de grúas.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Movilidad ni el Cdav han emitido comentarios al respecto. Sin embargo, este tema ha generado críticas en las redes sociales, especialmente considerando que recientemente se renovó el contrato interadministrativo entre estas entidades por aproximadamente 10 años.
Escrito por: Daniel Martín
⇒Foto: Informativo del Guaico
