Comunidades de Olaya Herrera denuncian falsos positivos

7 de Octubre de 2024

Los líderes de las asociaciones han expresado su indignación y señalaron que ya son seis las personas que han recibido llamadas similares, lo que hace temer que las capturas continuarán.

Las Asociaciones de Pescadores y Piangueras del municipio de Olaya Herrera (Nariño), han denunciado la supuesta captura injustificada de varios de sus miembros, en lo que califican como una situación de “falsos positivos”. Los hechos habrían ocurrido el viernes 27 de septiembre, cuando cuatro personas (una mujer recolectora de piangua y tres pescadores) fueron detenidas bajo acusaciones de extorsión, en lo que la comunidad asegura “un engaño”.
 
Según la “Asociación de Pescadores Artesanales Sanquianga Quitasol”, “Asociación de Piangueras Esperanza y Progreso” y el “Consejo Comunitario Gualmar”, los capturados recibieron llamadas el 26 de septiembre en las que se les informó que el día siguiente debían acercarse a la alcaldía para recibir un subsidio por su condición de víctimas de desplazamiento. Al llegar al lugar, fueron detenidos por fuerzas del Gaula del Ejército Nacional y trasladados al municipio de Tumaco, sin que se les permitiera, presuntamente, conocer los cargos de manera clara. Los detenidos son Edelmira Santana Peña, Fabio Perlaza Cuero, Davinson Muñoz y Segundo Sinisterra. Según informó la comunidad, las órdenes de captura habrían sido emitidas desde Cartagena y gestionadas por la fiscal Yazmina Caraballo Araujo y la juez Magdalena Otero Dávila. Los líderes de las asociaciones han expresado su indignación y señalaron que ya son seis las personas que han recibido llamadas similares, lo que hace temer que las capturas continuarán. “Vivimos en un territorio humilde y trabajador, donde la pesca artesanal y la recolección de piangua son nuestras principales formas de subsistencia. Nos enfrentamos al abandono del Estado, sin servicios básicos como agua potable o un puesto de salud, y ahora, además, a una persecución infundada que atenta contra la dignidad y la tranquilidad de nuestras familias”, indicaron.
 
Las comunidades del municipio han exigido al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que se detengan estas acciones que consideran “injustas” y que se investiguen los hechos con transparencia. Para ellos, los hechos reflejarían una clara vulneración de sus derechos como comunidad afrocolombiana y ancestral, que ha vivido por años el abandono del Estado.
 
 

Fuente: Página 10.