
Más de 600 colombianos llegaron durante el fin de semana a Ipiales; las autoridades se preparan para recibir al menos 400 personas más en los próximos días.
 Ante la creciente llegada de ciudadanos colombianos deportados desde Ecuador, la Gobernación de Nariño activó una respuesta institucional desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Ipiales. Solo entre sábado y domingo, fueron recibidas 610 personas, de las cuales 11 quedaron a disposición de las autoridades judiciales por tener órdenes de captura vigentes. El Secretario de Gobierno, Fredy Andrés Gámez, indicó que se han desplegado protocolos de verificación migratoria, registro y atención humanitaria.
					Ante la creciente llegada de ciudadanos colombianos deportados desde Ecuador, la Gobernación de Nariño activó una respuesta institucional desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Ipiales. Solo entre sábado y domingo, fueron recibidas 610 personas, de las cuales 11 quedaron a disposición de las autoridades judiciales por tener órdenes de captura vigentes. El Secretario de Gobierno, Fredy Andrés Gámez, indicó que se han desplegado protocolos de verificación migratoria, registro y atención humanitaria.
					
											
							 La articulación entre entidades del orden nacional, departamental y local ha sido clave para brindar una atención digna y segura a los repatriados. En terreno, participan Migración Colombia, la Alcaldía de Ipiales, la Cancillería, el Instituto Departamental de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras instituciones. Desde la Gobernación de Nariño se hizo un llamado al gobierno ecuatoriano para establecer canales formales de comunicación que garanticen un proceso respetuoso del derecho internacional y de los derechos humanos de cada ciudadano deportado.
						
					
					La articulación entre entidades del orden nacional, departamental y local ha sido clave para brindar una atención digna y segura a los repatriados. En terreno, participan Migración Colombia, la Alcaldía de Ipiales, la Cancillería, el Instituto Departamental de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras instituciones. Desde la Gobernación de Nariño se hizo un llamado al gobierno ecuatoriano para establecer canales formales de comunicación que garanticen un proceso respetuoso del derecho internacional y de los derechos humanos de cada ciudadano deportado.
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