La administración distrital adelanta un análisis técnico y jurídico para ajustar el decreto vigente, con el objetivo de proteger la movilidad y a los ciudadanos afectados por las manifestaciones.
La administración de Bogotá adelanta un análisis técnico y jurídico para evaluar posibles modificaciones al protocolo de atención de protestas, con el fin de evitar bloqueos que afecten la movilidad y el funcionamiento de servicios esenciales en la capital. La medida surge en medio del aumento de manifestaciones registradas durante el último año.
De acuerdo con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, en lo corrido de 2026 la ciudad ha sido escenario de 1.761 manifestaciones, lo que representa un incremento del 20 % frente a 2024. Estas cifras han reactivado el debate sobre la efectividad de los lineamientos establecidos en el decreto 053 de 2023 para la gestión de protestas y bloqueos.
La discusión tomó fuerza luego de que la concejal Heidy Sánchez revelara que el Distrito estudia eventuales ajustes al protocolo vigente, tras una respuesta oficial a un derecho de petición. En el documento, la administración señaló que actualmente se adelanta un análisis de carácter técnico y jurídico para determinar la viabilidad de eventuales cambios normativos.
Según la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, la principal motivación de la revisión es salvaguardar la integridad de quienes no participan en las protestas y proteger infraestructuras estratégicas como el aeropuerto, edificios administrativos y el sistema de transporte público, especialmente TransMilenio, que ha registrado afectaciones en medio de alteraciones del orden público.
No obstante, la propuesta ha generado reacciones desde el Concejo de la ciudad. La concejal Heidy Sánchez cuestionó la posibilidad de endurecer los protocolos, al considerar que ello podría derivar en respuestas represivas y que, en su lugar, deberían fortalecerse los canales de diálogo y mediación con los manifestantes para entender las causas de las protestas.
En contraste, otros cabildantes han respaldado la iniciativa del Distrito al señalar la necesidad de blindar el transporte público y garantizar los derechos de los usuarios. Desde la Secretaría de Gobierno se reiteró que el objetivo del eventual ajuste es proteger a las personas afectadas por los bloqueos, como trabajadores, estudiantes y pacientes, y equilibrar el derecho a la protesta con el derecho a la movilidad y al acceso a servicios esenciales.
Por: Daniel Martín
Foto: Blu Radio
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