Nuevo acuerdo obligará a municipios y al Distrito a imponer mayores controles ambientales en procesos de expansión suburbana
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca aprobó un nuevo acuerdo que establece condiciones más estrictas para el desarrollo urbanístico en zonas rurales y suburbanas de los municipios bajo su jurisdicción. La medida busca poner freno al crecimiento descontrolado que durante los últimos años ha generado presión sobre fuentes hídricas, ecosistemas estratégicos y áreas agrícolas de la región.
La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la entidad y obligará a los municipios y al Distrito Capital a incorporar nuevas variables ambientales en los procesos de revisión y actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial.
Según explicó el director de la CAR, Alfred Ballesteros, la metodología técnica fue construida junto al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, con el objetivo de evaluar las condiciones ambientales particulares de cada municipio y establecer criterios diferenciales para la ocupación del suelo rural.
Dentro de las variables contempladas en el nuevo modelo se encuentran la vulnerabilidad hídrica, el riesgo derivado del cambio climático, la sobreutilización severa del suelo, la fragmentación ecológica y la presión sobre ecosistemas estratégicos. Además, se evaluará el impacto potencial de los proyectos urbanísticos sobre la calidad del agua y la sostenibilidad ambiental de los territorios.
La CAR advirtió que los estudios técnicos evidenciaron escenarios preocupantes en varios municipios de la región. De acuerdo con la entidad, el 25,5 % del territorio presenta índices altos o muy altos de vulnerabilidad hídrica, mientras que 15 municipios registran riesgo elevado asociado al cambio climático. Asimismo, 28 municipios ya presentan niveles de ocupación rural que afectan su capacidad de carga ambiental.
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo establece que al menos el 70 % de los proyectos suburbanos deberá destinarse a conservación y restauración de vegetación nativa, en línea con los principios de protección ambiental establecidos en la Ley 99 de 1993. La Corporación aseguró que la intención no es detener el desarrollo urbanístico, sino garantizar que este avance de manera ordenada, responsable y compatible con la sostenibilidad ambiental de largo plazo.
Por: Daniel Martín
Foto: Caracol Radio
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