La solicitud surge luego de que el Consejo de Estado frenara provisionalmente el decreto que fijaba el incremento salarial para 2026
La suspensión provisional del decreto que establecía el aumento del salario mínimo para 2026, ordenada por el Consejo de Estado, comenzó a generar efectos en el debate político y económico del país. En Bogotá, varios concejales solicitaron al alcalde Carlos Fernando Galán reconsiderar el alza en la tarifa de TransMilenio.
Para este año, el pasaje del sistema de transporte masivo tuvo un incremento de 350 pesos frente a la tarifa de 2025. En su momento, la administración distrital argumentó que el ajuste respondía, entre otros factores, al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, debido al impacto en los costos operativos del sistema.
El alcalde Galán había señalado previamente que el transporte público en la ciudad emplea a cerca de 35.000 trabajadores, muchos de ellos con ingresos ligados al salario mínimo, lo que hacía inevitable un ajuste tarifario. Según explicó, este fenómeno no solo se presenta en Bogotá, sino también en otras ciudades del país.
Tras la decisión judicial, concejales de distintos sectores políticos indicaron que, si el incremento del salario mínimo fue uno de los argumentos para subir la tarifa, ahora debería evaluarse la posibilidad de reducirla. Algunos cabildantes han planteado que la medida sería coherente con el nuevo escenario jurídico y económico.
Desde el Concejo se han elevado cuestionamientos directos al sistema TransMilenio y a la Alcaldía, solicitando claridad sobre si el ajuste tarifario será revisado. También se ha insistido en que las decisiones administrativas deben responder a los cambios que surjan a partir de las determinaciones judiciales.
No obstante, el propio Consejo de Estado precisó que la suspensión del decreto del salario mínimo no implica automáticamente modificaciones en otros rubros calculados previamente con esa base. La medida cautelar, según la corporación, se limita al proceso judicial en curso y no afecta necesariamente obligaciones o decisiones que ya se hubieran causado antes de la expedición de un nuevo acto administrativo.
Por: Daniel Martín
Foto: Publimetro
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