La exministra del Deporte enfrenta un proceso judicial por presuntas anomalías en la contratación pública durante los últimos días de su gestión.
La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, fue acusada formalmente por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la celebración de contratos cuando aún se encontraba al frente de la cartera. Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación, señalando que entre el 2 y el 6 de marzo de 2023, se firmaron 104 contratos sin cumplir con los requisitos legales establecidos.
Según el fiscal del caso, estos contratos, que correspondían a servicios profesionales y de apoyo a la gestión, fueron suscritos poco después de que se finalizaran otros 104, lo que generó sospechas sobre un posible manejo irregular. La defensa de Urrutia, representada por el abogado Héctor Castro Portillo, indicó que no interpondrá recursos, pues no encuentra causales de nulidad o recusación.
El magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, encargado del caso, declaró a la exministra como formalmente acusada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en modalidad homogénea y sucesiva. Así mismo, solicitó a las partes presentar un escrito para agilizar las audiencias preparatorias, incluyendo la entrega de pruebas descubiertas por la Fiscalía.
La investigación apunta a que, luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara públicamente la renuncia de Urrutia el 27 de febrero de 2023, esta habría ordenado la finalización anticipada de los contratos vigentes, argumentando supuestas razones personales por parte de los contratistas. Sin embargo, pocos días después, las mismas personas fueron contratadas nuevamente hasta diciembre de ese año.
De acuerdo con el ente acusador, dichos contratos se firmaron sin acreditar la falta de personal en planta ni justificar adecuadamente la necesidad de los servicios. Además, se habrían usado certificaciones de seguridad social desactualizadas, lo que violaría las normas de contratación pública.
La Fiscalía sostiene que el objetivo de estas acciones fue asegurar la permanencia laboral de personas cercanas a la exministra, evitando así que sus vínculos terminaran junto con su salida del cargo. Aunque no aceptó los cargos, Urrutia manifestó ante la Corte estar dispuesta a enfrentar el proceso y acatar las decisiones judiciales que se deriven de su situación.
⇒Foto: Colprensa / Infobae
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